.

sábado, 26 de septiembre de 2009

Biografia de Cristina Fernández de Kirchner - Ley de medios audiovisuales


En 2007 Cristina Kirchner prometió en su plataforma electoral presentar un proyecto de ley de radiodifusión que reemplazara la sancionada por la dictadura militar en 1980.102 El punto había sido incluído también en la plataforma electoral de Néstor Kirchner, pero finalmente no fue realizado durante su mandato.

El 18 de marzo de 2009 la Presidenta Fernández hizo público su proyecto de Ley de Radiodifusión en el Teatro Argentino de La Plata,103 tomando como base los 21 Puntos consensuados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Algunos partidos políticos de oposición solicitaron que el proyecto no fuera presentado al Congreso Nacional antes de las elecciones parlamentarias del 28 de junio.

El 27 de agosto de 2009 el proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado (media sanción) el 15 de septiembre.

El proyecto contó con el apoyo unánime de los diputados del oficialismo (Bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista), y de varios partidos de la oposición, como el Partido Socialista, el Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social (sabatellismo), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), Partido de la Concertación FORJA, entre otros.106 El proyecto recibió también el rechazo de varios partidos de la oposición, como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Propuesta Republicana (macrismo) y el peronismo disidente (duhaldismo, felipismo, De Narváez, etc), entre otros.

El proyecto fue apoyado también por las dos centrales sindicales (CGT y CTA), así como por los sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación audiovisuales. El proyecto también contó con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, y de la Federación Universitaria Argentina.

El proyecto también contó con el apoyo de organizaciones internacionales como la que expresó Frank La Rue, Relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC),114 la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes Región Cono Sur (OCLAE), entre otras.

En sentido contrario el proyecto fue rechazado por las cadenas de medios de comunicación más grandes del país, como el multimedio Clarín y el Grupo Uno. También expresó su rechazo al proyecto la Asociación de Empresas Periodísticas (ADEPA).

El proyecto establece que las frecuencias de radio y televisión son un bien público y que deben ser entregadas a quienes pretendan utilizarlas, mediante concurso público por plazos de 10 años, prorrogables por otros 10. Las frecuencias se dividen en partes iguales entre tres tipos de medios de comunicación:
Medios comunitarios (organizaciones sin fines de lucro)
Empresas privadas con fines de lucro
Medios públicos (estado nacional, provincias, municipios y universidades públicas)

La ley establece límites estrictos para impedir la concentración monopólica y oligopólica de medios, poniendo un tope de 10 licencias (el vigente es 24) y prohibiendo también el acceso de las empresas telefónicas; ésta última restricción es una medida solicitada por los partidos de oposición. Se obliga a los propietarios y directivos de medios a respetar la libertad de expresión y el pluralismo. Se establecen garantías para los usuarios y normas especiales de protección y fomento de medios de comunicación bajo dirección de los pueblos originarios. Regula con detalle la formación de redes de medios y establece límites precisos de producción y contenidos locales y provinciales, para evitar que los medios se conviertan en meras repetidoras de medios ubicados en la Capital Federal u otros países y fortalecer la existencia de medios y profesionales locales.

Dispone una difusión mínima de un 70% de producción nacional, 30% de música nacional y un 50% de música grabada por productoras independientes, así como regulaciones para la extensión y forma en que debe difundirse la propaganda comercial (límites de tiempo y obligación de tanda). Cada canal de televisión deberá estrenar un mínimo de 6 películas nacionales por año.

Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que reemplazará a COMFER y que se organizará como organismo autárquico dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En el proyecto original la AFSCA era dirigida por un directorio de 5 funcionarios: tres por el Poder Ejecutivo Nacional y dos por la segunda y tercera minorías parlamentarias. La composición de la AFSCA se modificó en el debate parlamentario, quedando integrado por 7 miembros: dos por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso (uno para cada una de las tres primeras minorías) y dos elegidos por el Consejo Federal (uno de los cuales debe ser representar a una universidad nacional). La AFSCA tendrá también un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, de caracter consultivo, integrado por las provincias, universidades y organizaciones sociales. La AFSCA será controlada por una Comisión Parlamentaria Bicameral. Se crea también al Defensor del Público y varios registros públicos con el fin de trasparentar la información (Accionistas, Licencias y autorizaciones, Señales y productoras, Agencias de publicidad y productoras publicitarias).

wikipedia.org

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Se ha producido un error en este gadget.

Si sos seguidor de Cristina unite a nosotros:

 

©2009 Cristina Fernandez | by TNB | Impulsado por Blogs of Mount.