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martes, 8 de septiembre de 2009

Biografia de Cristina Fernández de Kirchner - Política de derechos humanos

Cristina Fernández como presidenta de Argentina, recibe a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo.

Durante su presidencia, Cristina Fernández continuó con la política de derechos humanos del Presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por el Presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), y los indultos del presidente Carlos Menem (1989-1999) que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

La política de derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ha sido uno de los aspectos centrales de sus presidencias. La misma, en general, contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura, así como por los principales partidos de oposición.
El 1 de marzo de 2008, al inaugurar formalmente el período de sesiones del Congreso, Fernández cuestionó la lentitud del avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad:

Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo. Es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo.

La referencia de la Presidenta Fernández a la demora de la Justicia para resolver las causas por delitos contra la humanidad, estaba relacionada con la crítica a la Cámara de Casación Penal realizada por el entonces Presidente Kirchner, el 26 de marzo de 2007, por la gran demora en resolver los recursos que presentaban sistemáticamente los represores acusados, causando la parálisis de casi todas las causas.85 86 En esa oportunidad Kirchner había sido muy cuestionado por criticar a la Cámara de Casación, por parte de algunos conocidos juristas y políticos opositores.

El discurso de Cristina Fernández fue cuestionado en ese momento por la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, atribuyendo las demoras a la falta de recursos:
Le diría a la señora presidenta, que lo sabe además perfectamente bien, que el Legislativo y el Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios primero nombren a los jueces que no tenemos. Porque hay un montón de jueces que se excusan o son recusados por las partes y de dónde sacamos jueces sino tenemos. Necesitamos cargos de personal para lo cual hace falta plata. Todos los años mandamos el presupuesto del Poder Judicial y todos los años el Ministerio de Economía primero y luego los legisladores lo recortan.

El 17 y 18 de diciembre de 2008, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por W. Gustavo Mitchell, Guillermo J. Yacobucci y Luis M. García, por dos votos contra uno (Mitchell), ordenó la liberación de 21 represores acusados de delitos de lesa humanidad en la megacausa ESMA, entre ellos Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua en Francia, argumentando que se había excedido el plazo legal máximo de prisión preventiva autorizado por la ley.

La decisión fue severamente cuestionada por Cristina Fernández el mismo día que se dieron a conocer los fallos, en un acto realizado precisamente en la ESMA, transformada en centro para la memoria:

Es un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro Poder Judicial... Confío en que la Justicia argentina coloque a nuestro país en el lugar de donde nunca debería haber salido... Si piensan que pueden amedrentarme porque soy una mujer, que lo olviden: nunca lo van a lograr.

El fallo también fue criticado por dirigentes políticos de diversas tendencias y activistas de derechos humanos. Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que el fallo era "una cachetada, una vergüenza". Por su parte, la diputada Victoria Donda, nacida y despojada de su identidad en la ESMA, acusó al tribunal: "no me sorprende porque es precisamente esta Cámara de Casación Penal la que tiene una estrategia de beneficiar a los genocidas". Ragmar Hagelin, padre de la adolescente Dagmar Hagelin desaparecida en la ESMA, definió el fallo como "un sacrilegio", "una cachetada en cada mejilla del pueblo argentino" y sostuvo que "es una vergüenza nacional que haya jueces que a esta altura de los hechos tomen una decisión semejante".

Ante el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, suspendiendo así la liberación de los represores y solicitar en el Consejo de la Magistratura el juicio político contra los dos jueces (Yacobucci y García) que votaron a favor en la decisión.

El 29 de diciembre de 2008 la Corte Suprema tomó medidas para agilizar los juicios de lesa humanidad y simultáneamente culpó al gobierno y al Congreso por las demoras. Mediante una acordada, la Corte reclamó a los juzgados de todo el país la agilización de los juicios por violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la última dictadura militar,94 mientras que el juez Carlos Fayt, respondió a las críticas contra la Cámara de Casación, atribuyéndole la culpa al Congreso Nacional y al gobierno:

No es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados.

La Corte también creó en esa ocasión una unidad de superintendencia con facultades especiales para monitorear causas pendientes, pedir información a los jueces sobre avances y demoras en los procesos y establecer medidas que eviten demoras. En la misma ocasión invitó a los demás poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, así como al Ministerio Público Fiscal, a que aceleren las causas.

Al día siguiente, Julio César Strassera, quien fuera fiscal de los Juicios a las Juntas Militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, acusó al gobierno de estar demorando la causas de derechos humanos para utilizarlas como una bandera.

En 2009, el Poder Judicial anunció el envío a juicio oral de varias causas de crímenes de lesa humanidad. Entre ellas se fijó fecha para el 10 de octubre, en el Tribunal Oral Federal Nº 5, para dos de los diez tramos de la megacausa ESMA, correspondientes a la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh, donde serán enjuiciados Astiz, Acosta, Rolón, Pernías, entre otros represores.

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